CIUDAD DE MÉXICO – La celebración de los dos años de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México comenzó con un pequeño cambio de ritmo. El presidente se saltó la habitual mañanera, su conferencia de prensa diaria a primera hora de la mañana, y en su lugar se dirigió a la nación para cumplir el 97% de sus promesas de campaña. Pero un punto se torció.
A pesar de haber prometido desmilitarizar la seguridad pública, durante sus dos años en el cargo el presidente López Obrador (ampliamente conocido como AMLO) ha ampliado en cambio los poderes de las fuerzas armadas mexicanas de una manera sin precedentes, más allá de las tareas de seguridad nacional. La reciente liberación de una cárcel estadounidense del general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por motivos de relaciones exteriores, nos dice algo sobre el nuevo papel de los militares en el gobierno mexicano.
Rara vez los funcionarios de la justicia estadounidense aceptan retirar los cargos tan fácilmente. Cienfuegos se había encontrado en el extremo equivocado de acusaciones bien documentadas de narcotráfico y lavado de dinero. Pero llevar al general a juicio en Estados Unidos habría arrojado una luz incómoda sobre el ejército mexicano, arrojando sospechas sobre una institución que se ha convertido en una pieza central de la estrategia del gobierno.
El primer evento emblemático de lo que estaba por venir para las fuerzas armadas se produjo durante el primer año de gobierno de AMLO con la creación de la Guardia Nacional Mexicana. A pesar de ser una fuerza de seguridad constitucionalmente controlada por civiles, la guardia está controlada por un mando operativo militar, se nutre principalmente de reclutas de las fuerzas armadas, utiliza armas y entrenamiento militar, y sus miembros acusados de delitos son llevados a prisiones militares en lugar de civiles (esto, a pesar de mantener su propio marco disciplinario). Por ejemplo, cuando seis miembros de la Guardia Nacional fueron detenidos por uso indebido de fuerza letal durante una protesta en la presa Boquilla de Chihuahua en octubre, fueron trasladados a una prisión militar en Sinaloa en lugar de ser investigados y llevados ante un juez civil.
Como institución, la guardia ostenta una preocupante cantidad de poder, manteniendo 44 atribuciones vagamente redactadas que van desde la «prevención del delito» y la «interceptación de comunicaciones» hasta «la detención de migrantes y la inspección de sus documentos» y la «participación en operativos conjuntos.» El hecho de concentrar estas responsabilidades bajo un mismo techo es en sí mismo preocupante. Entregarlas a los militares, un cuerpo que no se apega a las reglas de transparencia y que ni siquiera respeta el fuero civil cuando un miembro de sus filas le quita la vida a un civil, es motivo de preocupación aún más grave.
En mayo de 2020, AMLO decretó abruptamente que las fuerzas armadas estarían «permanentemente disponibles para realizar tareas de seguridad pública», extendiendo efectivamente sus facultades más allá de la seguridad nacional y hacia el ámbito doméstico. Sin proporcionar una regulación clara ni mecanismos de auditoría, el decreto autoriza al Ejército y a la Marina a realizar detenciones, incautar bienes, preservar la escena del crimen e inspeccionar la entrada y salida de personas del país. La supervisión de las fuerzas armadas se deja en manos de los órganos internos de estas instituciones, es decir, de autoridades militares no sujetas a las leyes de transparencia. El decreto no establece objetivos claros para el despliegue, y omite cualquier lenguaje que subordine a las fuerzas armadas a las autoridades civiles en el desempeño de las tareas de seguridad pública, como lo exige la Constitución de México y el derecho internacional. Aunque se incluyen en el título del documento, estos principios no aparecen en ninguna parte del cuerpo del texto. El número de militares que participan en operaciones domésticas, ya sea a través de la guardia o operando a través del decreto, es sorprendente. Según datos de la oficina del presidente, en octubre de 2020 hubo 214.735 miembros de las fuerzas armadas realizando tareas de seguridad pública.
Las facultades de los militares, sin embargo, se han expandido mucho más allá de las tareas de seguridad pública hacia áreas de gobierno. La administración de AMLO les ha otorgado facultades sobre aduanas, vías fluviales, aeropuertos, carreteras, programas de salud y construcción de infraestructura. El Programa Sembrando Vida, por ejemplo, un programa de asistencia para las comunidades rurales, es ahora administrado por las fuerzas armadas. Los militares tienen ahora el poder de distribuir medicamentos y vacunas, atender a los pacientes del COVID-19 y distribuir libros de texto. Mientras tanto, han surgido escuelas secundarias controladas por los militares en todo el país; la SEDENA gestiona al menos 22 escuelas secundarias en 11 estados. Los militares incluso han intervenido en los esfuerzos de reforestación.
La tendencia actual debe entenderse como dos procesos paralelos y simultáneos, el de la militarización (la expansión de los militares en las tareas de seguridad pública) y el militarismo (la incursión de los militares en la gobernanza). La respuesta del gobierno mexicano a la detención del general Cienfuegos demuestra que el alcance de las fuerzas armadas se ha extendido incluso al ámbito de la política exterior. El proceso de militarización muestra la incapacidad del Estado mexicano para detener el crimen a través de los canales constitucionales regulares; el militarismo aviva el autoritarismo, dificulta la transparencia y elimina el control civil sobre las instituciones militares. Es la viabilidad democrática del Estado mexicano la que finalmente está en riesgo.
–
Pérez Correa es investigador en derecho penal y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y miembro del consejo del Programa Global de Políticas de Drogas (@cataperezcorrea)
Tags: AMLO, México, Militar, Guardia Nacional